Asociación Nacional de Empresas Privadas de Recolocación y Empleo

Marco legal laboral

Modelo de solicitud de autorización, solicitud de ampliación territorial, criterios y obligaciones de las Agencias de Colocación


Incluímos a continuación los links a la solicitud inicial para la autorización de Agencias de Colocación, a la solicitud de ampliación del ámbito de actuación de Agencias de Colocación, a los criterios recomendados para la concesión de autorizaciones y a las obligaciones de las Agencias de Colocación.

Las causas del despido antes y después de la reforma. Resumen:


Antes Después
Despido disciplinario

Indemnización de 45 días/mes con 42 mensualidades como máximo.

Derecho a percibir salarios de tramitación hasta la fecha de notificación de sentencia.

La empresa reconocía la improcedencia del despido y consignaba la indemnización para paralizar los salarios de tramitación.

Indemnización 33 días/mes, con un máximo de 24 mensualidades.
Para los contratos anteriores a 12/2/12 se hace un cálculo proporcional: 45 días hasta 12/2/12 y 33 desde 12/2/12 (tope 720 días o 42 mensualidades si se generaron antes de 12/2/12).

Se eliminan los salarios de tramitación excepto en los casos de readmisión o de representantes de los trabajadores.

La empresa no tiene porqué reconocer la improcedencia del despido. Podrá hacerlo en cualquier momento, sin que por ello se devenguen salarios de tramitación.

Despido objetivo (20 días)

Las causas económicas no estaban determinadas (inseguridad jurídica): Pérdidas actuales o previstas o disminución de ingresos (con condiciones).

La causa por inadaptación a modificaciones técnicas no requería un curso previo.

La causa de absentismo no era posible sin porcentaje mínimo de absentismo colectivo.

Se precisan las causas económicas: (además de las pérdidas actuales o previstas) disminución de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos.

La causa por inadaptación a modificaciones técnicas añade un requisito: Es necesaria la oferta previa de un curso.

La causa de absentismo es individual: Más del 20% de absentismo en 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses discontinuos.

Despido colectivo

Causas económicas no determinadas (inseguridad jurídica).

Era necesaria una autorización administrativa previa.

Plazos mayores de 30 días.

Causas económicas precisas: Disminución ingresos/ventas durante 3 trimestres consecutivos.

No requiere autorización administrativa.

Plazo de 30 días.

Requiere menor documentación

Si hay desacuerdo se abre una posible vía judicial.

Si los afectados son más de 50, es obligatorio un plan de recolocación externa.

Requisitos y procedimientos para solicitar la autorización como Agencia de Colocación y como Empresa de Recolocación


Incluímos a continuación los documentos en PDF que indican los requisitos para solicitar la autorización a nivel Nacional y en la Comunidad de Madrid

Análisis de la reforma laboral por algunos de los más importantes despachos de abogados laboralistas


Incluímos a continuación los documentos en PDF con la visión sobre la reforma laboral que dan algunos de los más importantes despachos de abogados laboralistas:

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.


Adjuntamos el texto completo de la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma laboral:

Extractos de la legislación que afectan a las agencias de colocación y empresas de recolocación como resultado de la Reforma Laboral


  1. DEFINICIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL REALIZADA POR LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN.
  2. DEFINICIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE RECOLOCACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
  3. OBLIGATORIEDAD DE ESTAR AUTORIZADOS PARA REALIZAR INTERMEDIACIÓN LABORAL.
  4. DEBER DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
  5. REALIZACIÓN DE CONVENIOS ENTRE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS EMPLEO.
  6. OBLIGACIONES DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN.
  7. RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

1 - DEFINICIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL REALIZADA POR LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN:

Artículo 14. Políticas de empleo y Agencias de colocación.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

  1. “La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación.
    La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
  2. “También se considerará intermediación laboral la actividad destinada a la recolocación de los trabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial, cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas de recolocación.”

En el Art. 21 bis. Se definen las Agencias de Colocación:

“A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien como colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal.”

2 - DEFINICIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE RECOLOCACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO:

Artículo 21 bis:

“Las empresas de recolocación son agencias de colocación especializadas en la actividad a que se refiere el artículo 20.2.:

“También se considerará intermediación laboral la actividad destinada a la recolocación de los trabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial, cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas de recolocación.”

Apartado 4 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:

«4. La consulta con los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la tramitación del expediente de regulación de empleo, tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores, y deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, tales como medidas de recolocación que podrán ser realizadas a través de empresas de recolocación autorizadas o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.

En todo caso, en las empresas de cincuenta o más trabajadores, se deberá acompañar a la documentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento social que contemple las medidas anteriormente señaladas.”

3 - OBLIGATORIEDAD DE ESTAR AUTORIZADOS PARA REALIZAR INTERMEDIACIÓN LABORAL:

Artículo 21 bis.2:

“Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar como agencias de colocación deberán obtener autorización del servicio público de empleo que se concederá de acuerdo con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.”

Artículo 15. Adaptación de la legislación laboral a la regulación de las agencias de colocación:

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. El apartado 2 del artículo 16 queda modificado como sigue:

“Los Servicios Públicos de Empleo podrán autorizar, en las condiciones que se determinan en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la existencia de agencias de colocación públicas o privadas.

Artículo 21. Bis. 2: La autorización, que será única y tendrá tendrá validez en todo el territorio español, se concederá por el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda realizar su actividad en diferentes Comunidades Autónomas, o por el equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso de que la agencia únicamente pretenda actuar en el territorio de una Comunidad.”

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el encabezamiento de la subsección 1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II, que queda redactado como sigue:

«Subsección 1.ª Infracciones de los empresarios, de las agencias de colocación y de los beneficiarios de ayudas y subvenciones en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo en general y formación profesional para el empleo»

Dos. El apartado 1 del artículo 16, infracciones muy graves, queda redactado como sigue:

«1. Ejercer actividades de intermediación, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados.»

4 - DEBER DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

Artículo 21.bis. Cuatro:

En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previstas en este capítulo y de las específicas que se determinen reglamentariamente, las agencias de colocación deberán:

a) Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se determine por vía reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo y los perfiles profesionales que correspondan con esas ofertas.

Artículo 21.bis.cinco. apartado 2º:

“El convenio de colaboración a que se refiere el párrafo anterior deberá regular los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Tal comunicación se realizará a los efectos de la adopción por parte de los servicios públicos de empleo de las medidas que, en su caso, procedan.”

5 - REALIZACIÓN DE CONVENIOS ENTRE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS EMPLEO

Artículo 21. Bis. Cinco. Apartado 1º:

“Las agencias de colocación autorizadas podrán ser consideradas entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo mediante la suscripción de un convenio de colaboración con los mismos, con el alcance previsto en las normas de desarrollo de esta Ley y en los propios convenios que se suscriban.

Artículo 14.3: Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral, si bien podrán establecer con otras entidades y con agencias de colocación, convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de demandantes de empleo.<”

Artículo 22. Bis.Cinco. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 23, con la siguiente redacción:

«Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionadas por los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas para el cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 25, desarrollando para ello los programas y actuaciones que consideren necesarios.

Las medidas y ayudas contempladas en los programas y actuaciones podrán ser gestionadas mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.»

La Disposición final tercera contempla lo siguiente:

“Asimismo, el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y con las Comunidades Autónomas, fijará indicadores de eficacia de las agencias privadas de colocación. Dichos indicadores serán evaluados cada dos años a efectos de suscripción de posibles convenios de colaboración entre Agencias y los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas.”

EL Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación en su capítulo IV expone lo siguiente con relación a los Convenios:

“En relación a la financiación de estas agencias de colocación, se determina en este real decreto que sólo podrán recibir financiación de los servicios públicos de empleo aquellas agencias que suscriban convenios de colaboración con los mismos.

Para las agencias de colocación que actúan como entidades colaboradoras se recogen, además de las obligaciones generales y de las que se establezcan en los convenios de colaboración, unas obligaciones específicas entre las que cabe destacar el suministrar la información en el formato y con los contenidos que se recojan en el convenio, la comunicación de los incumplimientos de las personas trabajadoras y en concreto de las perceptoras de prestaciones, realizar las acciones propias del convenio, garantizar a las personas trabajadoras y empleadores la gratuidad por la prestación de servicios, así como fijar un porcentaje mínimo de la actividad que deben realizar las agencias de colocación con fondos no provenientes de los servicios públicos de empleo para que puedan suscribir convenios de colaboración; de esta manera se pretende evitar que las agencias de colocación solo desarrollen actividades financiadas con fondos públicos.”

Y en el artículo 18: Objeto y contenido de los convenios:

  1. Los convenios tendrán por objeto la determinación de las actividades a desarrollar por las agencias de colocación que actúen como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo.
  2. Los convenios contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:
    1. Ámbito de aplicación.
    2. Duración, que podrá ser de uno o dos años.
    3. Descripción de las acciones concretas a desarrollar.
    4. Forma de financiación de las acciones objeto de convenio, con expresión de su vinculación a los resultados fijados.
    5. Los medios materiales, humanos y económicos que empleará la agencia para acometer las acciones previstas.
    6. Colectivos de demandantes destinatarios de los servicios.
    7. Seguimiento y evaluación.
    8. Definición de los sistemas de comunicación de la información.
    9. Mecanismos de comunicación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.b).
    10. Los indicadores de eficacia definidos en función de lo establecido en la Disposición adicional primera.
    11. Procedimiento y trámite para su modificación, así como la determinación de las causas de su extinción.
  3. Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas comunicarán al Servicio Público de Empleo Estatal los convenios que hayan suscrito en su ámbito territorial a efectos de su conocimiento y comunicación a los órganos e instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.”

En el artículo 19: Iniciativa para la suscripción de convenios.

“Los servicios públicos de empleo podrán establecer, en su correspondiente ámbito territorial, el procedimiento para suscribir convenios de colaboración con las agencias autorizadas para operar dentro del mismo. Este procedimiento podrá consistir en la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa o cualquier otra forma jurídica ajustada a la normativa estatal y autonómica.

Respecto de la iniciativa para la suscripción de convenios de colaboración, los servicios públicos de empleo podrán establecer en su ámbito territorial el procedimiento para dicha suscripción.”

6 - OBLIGACIONES DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN.

➢ Cumplimiento en materia de Protección de datos:

Artículo 21.bis. cuatro. b)

“Las agencias de colocación en sus actuaciones deberán respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores, cumplir la normativa aplicable en materia de protección de datos...”

➢ Obligación de cumplir con la gratuidad de la Intermediación Laboral:

Artículo 21 bis. Tres(modificando el artículo 22.4):

“La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo, por sí mismos o a través de las entidades o agencias de colocación cuando realicen actividades incluidas en el ámbito de la colaboración con aquéllos, conforme a lo establecido en este capítulo, se realizará de forma gratuita para los trabajadores y para los empleadores.

La intermediación realizada por las agencias de colocación con independencia de los servicios públicos de empleo deberá garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios, no pudiéndose exigir a éstos ninguna contraprestación por los mismos.

Las agencias de colocación en sus actuaciones deberán …… garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios.”

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el encabezamiento de la subsección 1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II, que queda redactado como sigue:

«Subsección 1.ª Infracciones de los empresarios, de las agencias de colocación y de los beneficiarios de ayudas y subvenciones en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo en general y formación profesional para el empleo»

Dos. El apartado 1 del artículo 16, infracciones muy graves, queda redactado como sigue:

«1. Ejercer actividades de intermediación, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores... y exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados.»

➢ Cumplimiento del principio de no discriminación:

Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso al empleo:

“1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso al empleo.

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, apreciasen carácter discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta.

2. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar.

En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico.»

Artículo 15. Uno: “Dichas agencias deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.”

➢ Implantación de un sistema telemático común:

Artículo 21. Bis.Tres:

“Reglamentariamente se regulará un sistema telemático común que permita integrar el conjunto de la información proporcionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y por los servicios de las Comunidades Autónomas respecto a las agencias de colocación autorizadas de manera que éstos puedan conocer en todo momento las agencias que operan en su territorio.”

En el RD 1796/2010 que regula las agencias de colocación también contempla obligaciones de las agencias de colocación:

Artículo 17. Obligaciones de las agencias de colocación como entidades colaboradoras.

“Las agencias de colocación que actúen como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, además de cumplir con las obligaciones del artículo 5, deberán desarrollar su actividad con sujeción a lo establecido en el convenio de colaboración, estando obligadas específicamente a:

  1. Suministrar la información que se contemple en el convenio de colaboración, en el formato que se requiera, y específicamente en relación con las personas atendidas y sus perfiles, así como en relación con las ofertas de empleo y los perfiles que correspondan con las mismas.
  2. Comunicar las incidencias que se produzcan en relación con las obligaciones de las personas trabajadoras y de las personas solicitantes y beneficiarias de prestaciones por desempleo, previstas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Tal comunicación se realizará a los efectos de la valoración, por parte de los servicios públicos de empleo, de los posibles incumplimientos que pudieran derivarse de tales incidencias y adoptar las medidas que, en su caso, procedan.
  3. Realizar las acciones objeto del convenio de colaboración en los términos y condiciones señalados en el mismo.
  4. Estar sujetas a las acciones que pudieran realizar los servicios públicos de empleo con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación de las actuaciones objeto del convenio de colaboración según lo establecido en el artículo 20.
  5. Garantizar a las personas trabajadoras y empleadores la gratuidad por la prestación de servicios en los términos establecidos en el artículo 22.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre.
  6. En caso de tratarse de entidades con ánimo de lucro, deberán realizar al menos un cuarenta por ciento de su actividad con fondos no provenientes de los servicios públicos de empleo; en caso de tratarse de entidades sin ánimo de lucro, deberán acreditar que realizan al menos un diez por ciento de actividad con fondos no provenientes de los servicios públicos de empleo.”

7 - RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 23, con la siguiente redacción:

«3. Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionadas por los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas para el cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 25, desarrollando para ello los programas y actuaciones que consideren necesarios”

Obligaciones de los desempleados en la reforma laboral


ARTÍCULOS DE LA LEY QUE PUEDEN AFECTAR A LOS DESEMPLEADOS

  • Los demandantes de empleo deberán estar inscritos como tales para ser atendidos
    (Art. 22 apartado 5 de la Ley 35/2010 de Reforma Laboral)
    A efectos de la intermediación que realicen los servicios públicos de empleo y, en su caso, las entidades colaboradoras de los mismos y de la ejecución de los programas y medidas de políticas activas de empleo, tendrán exclusivamente la consideración de demandantes de empleo aquéllos que se inscriban como tales en dichos servicios públicos de empleo.
  • Los demandantes de empleo deberán inscribirse y realizar actividades de formación o recolocación a los treinta días desde su inscripción en el desempleo

    El apartado 1(modificado) del artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)

    Son obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo:

    Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determinen los servicios públicos de empleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos y aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por dichas agencias.

    Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el documento de renovación de la demanda y comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante la Entidad Gestora, los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos.

    Inscribirse como demandantes de empleo y suscribir y cumplir las exigencias del compromiso de actividad, en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.Buscar activamente empleo, participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los servicios públicos de empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerario de inserción.

    Sin perjuicio de la obligación de acreditar la búsqueda activa de empleo, la participación en las acciones de mejora de la ocupabilidad que se correspondan con su profesión habitual o sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario de inserción, será voluntaria para los beneficiarios de prestaciones contributivas durante los treinta primeros días de percepción, y la no participación en las mismas no conllevará efectos sancionadores.»

    El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:

    Uno. Se modifica el encabezamiento de la subsección 1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II, que queda redactado como sigue:

    No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos y así se recoja en el convenio de colaboración, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda, salvo causa justificada.

  • Los demandantes de empleo podrán requerir los servicios de las Agencias de Colocación en cumplimiento de su compromiso de actividad

    Artículo 27. La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo.

    Seis. Se da nueva redacción al artículo 27, en la siguiente forma:

    Los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, conforme a lo establecido en el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio público de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de actividad, y deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán recogidas en el documento de renovación de la demanda.

    No obstante, una vez inscritos y sin perjuicio de seguir manteniendo dicha inscripción, los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo que lo deseen podrán requerir los servicios de las agencias de colocación.

  • Los desempleados deberán aceptar las ofertas de trabajo adecuadas que se les proporcionen

    La inscripción como demandante de empleo se realizará con plena disponibilidad para aceptar una oferta de colocación adecuada y para cumplir el resto de exigencias derivadas del compromiso de actividad, el cual se entenderá suscrito desde la fecha de la solicitud de las prestaciones y subsidios por desempleo. (Art. 27 apartado 2 de la Ley 35/2010 de Reforma Laboral).

    Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

    Las Administraciones públicas competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la inscripción como demandantes de empleo y de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, debiendo comunicar los incumplimientos de dichas obligaciones al Servicio Público de Empleo Estatal, en el momento en que se produzcan o conozcan. Dicha comunicación podrá realizarse por medios electrónicos.» (Art. 27 apartado 4 de la Ley 35/2010 de Reforma Laboral).

    Los desempleados deberán ”Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determinen los servicios públicos de empleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos y aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por dichas agencias”. (Apartado 1, c) del artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)

    Devolver a los servicios públicos de empleo, o, en su caso, a las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, en el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos. (Apartado g) del artículo mencionado anteriormente)

    Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones. (Apartado e) del artículo mencionado anteriormente)

    Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

    Nueve. El apartado 4 del artículo 25 queda redactado de la siguiente manera:

    «4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial:

    1. Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, salvo causa justificada.
    2. Negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de empleo o en las acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos.

    A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación adecuada y por trabajos de colaboración social, los que reúnan los requisitos establecidos, respectivamente, en el artículo 231.3 y en el artículo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»

  • Se considera infracción grave el rechazar una oferta de trabajo proporcionada por las Agencias de Colocación

    El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:

    Uno. Se modifica el encabezamiento de la subsección 1. ª de la Sección 3.ª del Capítulo II, que queda redactado como sigue:

    Cinco. El apartado 2 del artículo 17, queda modificado en los siguientes términos:

    «2. Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, o negarse a participar en programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de empleo.

    A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación adecuada la que reúna los requisitos establecidos en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos aspectos en los que sea de aplicación a los demandantes de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo.»

  • Se incentiva a las CCAA a que denuncien los incumplimientos de las obligaciones de los desempleados para financiar las Políticas Activas de Empleo

    El Servicio Público de Empleo Estatal ingresará a los servicios competentes de las Comunidades Autónomas el valor de las bonificaciones no aplicadas a causa de las sanciones impuestas por infracciones en las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en concepto de formación de demanda, que se destinarán a las políticas activas de formación para el empleo.»(Disposición adicional sexta de la Ley 35/2010 de Reforma Laboral).

  • Se propicia la inclusión de planes de recolocación en la tramitación de los EREs

    Tres. El apartado 4 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado de la siguiente manera:

    «4. La consulta con los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la tramitación del expediente de regulación de empleo, tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores, y deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, tales como medidas de recolocación que podrán ser realizadas a través de empresas de recolocación autorizadas o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.

    En todo caso, en las empresas de cincuenta o más trabajadores, se deberá acompañar a la documentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento social que contemple las medidas anteriormente señaladas.

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